Se presenta a Pleno Moción del Grupo Municipal de IUAS-GPG sobre la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social, que expone su Portavoz, D. Francisco Puentedura Anllo, y que literalmente dice:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces proclamada no ha beneficiado aún en absoluto, y entre las que se acrecienta la preocupación por un futuro incierto que no parece encaminarse a la adopción de medidas que permitan recuperar unos mínimos de bienestar social y protección pública.
Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.
Atendiendo a los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en nuestra tierra viven más de 1.300.000 personas pensionistas, con una pensión media de 898,27 euros. Más de 1.000.000 de ellas tienen más de 65 años, con una pensión media de 930,94 (1078,87 euros para los hombres y 781,53 euros para las mujeres). Cuatro provincias andaluzas se encuentran por debajo de la media: Almería, Córdoba, Granada y Jaén.
Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
Así en 2011 se aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años, se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas.
Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma de 2013 fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad.
El índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante años. Así, en 2017 se aprobó una revalorización del 0,25%, mientras se prevé que la inflación se sitúe al menos en el 2%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para todas las personas pensionistas de 1,75% sólo por un año. Esta medida atenta contra el derecho a tener una jubilación actualizada, previsto en el artículo 50 de la CE.
La reforma de 2013 adelantó la entrada en vigor de otra medida que ya contemplaba la reforma de 2011, el llamado factor de sostenibilidad. Ello supone que, al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación, se va a tener en cuenta la teórica esperanza de vida de la persona pensionista en el momento que accede a la pensión, lo que nuevamente lleva a una rebaja importante de la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década, situándonos en una merma del 20% en el año 2050. Esta medida atenta contra el principio de suficiencia contenido en el artículo 41 de la CE.
Todas las medidas adoptadas han querido justificarse, tanto por parte del PSOE, artífice de la reforma de 2011 como por el PP, autor de la de 2013, en razones demográficas como el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, pero lo cierto es que su único objetivo ha sido una reducción paulatina del gasto, transitando hacia un modelo de pensiones públicas muy bajas, de carácter asistencial y que deberán ser complementadas por pensiones privadas por aquellas personas que puedan permitírselo.
Según el Informe de Envejecimiento de 2015 de la Comisión Europea, como consecuencia de las referidas reformas, la tasa de reemplazo o de sustitución de la pensión con relación al salario de las personas activas en España tendrá una caída porcentual de 30 puntos a lo largo de las próximas cuatro décadas, lo que perjudica a todas las personas pensionistas y especialmente a las mujeres, ya que sus pensiones son un 4% más bajas que las de los hombres.
Esta situación es achacable a la separación de fuentes de financiación y el reforzamiento del carácter contributivo del sistema de la Seguridad Social, medidas acordadas en 1995 en los pactos de Toledo. Durante todos estos años se ha afianzado una fórmula que asienta la viabilidad del sistema de pensiones en las cotizaciones sociales, es decir, en el mercado de trabajo y los salarios. Con cada crisis se ha evidenciado tanto la fragilidad del sostén económico del sistema como el objetivo de reducir el gasto derivado de cada reforma propuesta. La precariedad introducida por las dos reformas laborales aprobadas durante este tiempo, también por parte del PSOE y del PP, han terminado de dibujar la tormenta perfecta sobre el sistema público de pensiones: menores cotizaciones por peores contratos, empleos de calidad desguazados en contratos precarios y menores ingresos con los que sostener las pensiones presentes y futuras.
La viabilidad del sistema no está en peligro porque se gasta más, algo que los datos desmienten de manera categórica, sino porque se ingresa menos debido al deterioro de la calidad del empleo, y ello debe conducir a adoptar medidas que mejoren tanto las condiciones laborales como a incorporar los PGE como nueva fuente de financiación del sistema junto a las cotizaciones.
Es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones, con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente,ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento de Granada inste al gobierno central a incorporar, entre otras, las siguientes medidas legislativas y presupuestarias:
1. Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
2. Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.
3. Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación a tiempo parcial, como hostelería y comercio.
4. Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
5. Eliminar el factor de sostenibilidad, contrario al principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la CE y del índice de revalorización, contrario en este caso al derecho constitucional a tener una pensión actualizada, según establece el artículo 50 de la CE.
6. Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.
7. Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin que los mismos deban ser consecutivos.
8. Flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación.
9. Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los seis meses de percibir la prestación, actualmente en el 50%.
10. Fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI, actualmente en el 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133%.
11. Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55 años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75% del SMI, abriendo la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y computando para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria, no los de toda su unidad familiar.”
Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:
…………………………………………………………………
Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 12 votos a favor emitidos por los 8 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. Baldomero Oliver León, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Dña. Jemima Sánchez Iborra, D. Eduardo José Castillo Jiménez y Dña. María de Leyva Campaña, los 2 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Vamos, Granada, Sres./Sras.: Dña. Marta Gutiérrez Blasco y D. Luis de Haro-Rossi Giménez, 1 Concejal del Grupo Municipal de IUAS-GPG, Sr. D. Francisco Puentedura Anllo y 1 Concejala no adscrita, Sra. Dña. María del Pilar Rivas Navarro.
- 11 votos en contra emitidos por los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos, Dña. María Rocío Díaz Jiménez, D. Juan Manuel García Montero, D. Juan Antonio Fuentes Gálvez, Dña. María Francés Barrientos, D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino, Dña. María Telesfora Ruiz Rodríguez, Dña. Raquel Fernández Cruz, D. Antonio Jesús Granados García, D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz y Dña. Inmaculada Puche López.
- 4 abstenciones emitidas por los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), Sres./Sras.: D. Manuel José Olivares Huertas, Dña. Lorena Rodríguez Torres, D. Raúl Fernando Fernández Asensio y Dña. Mª del Mar Sánchez Muñoz.
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno
acuerda por mayoría (12 votos a favor, 11 votos en contra y 4 abstenciones)
aprobar la Moción del Grupo Municipal de IUAS-GPG sobre la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
