Comienza el turno de mociones con la presentada de forma Conjunta por los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos relativa a instar al Gobierno de España, a dar respuesta a la ciudadanía granadina ante el retraso en el pago y la incertidumbre existente en relación al Ingreso Mínimo Vital.
Para exponer la moción que se reproduce de forma íntegra a continuación, interviene el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; Servicios Jurídicos y Régimen Interior, D. Francisco Fuentes Jódar:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia provocada por el COV1D-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles consecuencias dónde según datos del gobierno: más de 27.000 españoles fallecidos, 3,1 millones de españoles afectados por los ERTES, 4 millones de parados y millones de personas que necesitan ayuda para poder comer.
Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las administraciones públicas, cada una en nuestro ámbito competencial, debemos trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no pierdan su trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a aquellos españoles que están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades básicas.
La legislación laboral es una competencia estatal y desde las entidades locales y autonómicas solamente podemos defender la vigencia de aquellos instrumentos que se han demostrado eficaces para crear empleo, incluso durante las crisis más duras, como es el caso de la reforma laboral aprobada en 2012 que creó 2,5 millones de empleos.
En cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellos españoles que, en estos momentos, no tienen ingresos o los que tienen son insuficientes, tanto las entidades locales como las autonómicas tienen vigentes, desde hace muchos años, diferentes instrumentos para ello.
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que proporcionan alimentos, ayudas para el pago del alquiler, escuela infantil, bonificaciones fiscales, recursos a las familias más vulnerables, por mencionar solamente algunos ejemplos de las diferentes necesidades que cubren estas ayudas, a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación vulnerable y no disponen de suficientes ingresos para subsistir.
Unas necesidades que, desde el principio de la pandemia, se han incrementado.
Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la economía española, las Entidades Locales han experimentando una mayor afluencia de sus vecinos a los servicios sociales, un aumento en el número de ayudas de emergencia social solicitadas y concedidas así como un mayor número de vecinos y familias que acuden a los bancos de alimentos locales a proveerse de comida que no pueden adquirir por haber visto reducidos drásticamente sus ingresos a consecuencia de un ERTE o de perder su empleo.
Las Entidades Locales, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios, diputaciones, cabildos o consell insulares, han reforzado durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pandemia.
Por otro lado, las Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas españolas también cuentan con algún programa de renta mínima (las denominaciones varían: "rentas mínima de inserción", "rentas básicas", "rentas garantizadas de ciudadanía" o "salarios básicos"' cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social.
Ante esta situación el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente y que, según el propio gobierno, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
Un ingreso, por tanto, que tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a las Comunidades Autónomas y entidades locales para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen.
Pero el gobierno de España no ha consensuado esta medida con las Comunidades Autónomas ni con las entidades locales ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica. Además, se debe destacar que el ingreso mínimo vital es una ayuda que tres meses después de su aprobación, apenas ha beneficiado al 1% de los hogares granadinos y que en la mayoría de ellos aún esperan poder cobrar dicha ayuda.
Por tanto, este nuevo engaño e improvisación del Gobierno de nuestro país, es causa de preocupación en nuestra ciudad y en este equipo de gobierno, más aún cuando hemos conocido en días atrás que los propios sindicatos denunciaban el "bloqueo" de 11.000 solicitudes en las oficinas de la Seguridad Social de Granada, lo que sin duda nos lleva ya de antemano a solicitar un refuerzo de personal para "desatascar" las solicitudes del ingreso mínimo vital pendientes desde la puesta en marcha de esta ayuda. Además, si tomamos en cuenta las declaraciones de la Subdelegada del Gobierno de nuestra ciudad, este dato se incrementa hasta las 19.000 solicitudes, dato que pone de relieve aún más la dramática situación en la que se encuentran miles de familias en nuestra ciudad, a las que se les generó una falsa expectativa con el anuncio de estas ayudas.
Por lo expuesto y sobretodo, porque estamos hablando de la necesidad de muchas familias que tratan de salir adelante tras perder su trabajo o sufrir el varapalo económico derivado de la crisis del COVID-19, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, presenta al Pleno la siguiente:
MOCIÓN
Instar al gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:
1. Garantizar la máxima efectividad, con refuerzo de medios materiales y personales, para que en tiempo y forma se proceda a la agilización de la tramitación y resolución de las solicitudes recibidas del ingreso mínimo vital de las familias granadinas.
2. Informar al Ayuntamiento de Granada de aquellas resoluciones que se han registrado en el INSS y concretamente, cuántas de ellas han sido resueltas de forma positiva en relación a la concesión del ingreso mínimo vital en tanto en cuanto se hace necesario conocer, cuantas personas pertenecientes a nuestra localidad son beneficiarias del mismo en aras a una optimización de recursos que garantice el bienestar social de nuestra ciudadanía.”
Abierto el debate, se producen las siguientes intervenciones:
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Tras el debate se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 13 votos a favor emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Luis González Ruiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César Díaz Ruiz, Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz Cosano; y los 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego
- 12 votos en contra emitidos por los 9 Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. José María Corpas Ibáñez, Dña. Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; y los 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida - Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. Elisa María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Granada
acuerda por mayoría (13 votos a favor y 12 votos en contra)
aprobar la Moción Conjunta de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos relativa a instar al Gobierno de España, a dar respuesta a la ciudadanía granadina ante el retraso en el pago y la incertidumbre existente en relación al Ingreso Mínimo Vital, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
