Moción:
Comienza el turno de mociones con la presentada por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular y Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales, D. Jorge Saavedra Requena, contra la tramitación de una Ley de Amnistía, y que cuenta con el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDOS
1. Rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.
2. Considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
3. Anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.
4. Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
Durante el debate se producen las siguientes intervenciones:
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Concluido el debate se procede a la votación de la Moción, obteniéndose el siguiente resultado:
- 17 votos a favor, emitidos por los/las 15 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: Dña. María Francisca Carazo Villalonga, D. Jorge Saavedra Requena, Dña. Ana Isabel Agudo Martínez, D. Enrique Manuel Catalina Carmona, D. Vito Rafael Episcopo Solís, Dña. María Rosario Pallares Rodríguez, D. Juan Ramón Ferreira Siles, D. Jorge Iglesias Puerta. Dña. Amparo Arrabal Martín, Dña. Ana Belén Sánchez Requena, D. Francisco José Almohalla Noguerol, Dña. Encarnación González Fernández, Dña. Carolina Amate Villanueva, D. Fernando Parra Moreno y Dña. Elisa Campoy Soler; y las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.
- 8 votos en contra, emitidos por los/las Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz Arquelladas, D. Jacobo Calvo Ramos, Dña. María Raquel Ruz Peis, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Juan José Ibáñez Martínez.
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda por mayoría (17 votos a favor y 8 votos en contra) aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular contra la tramitación de una Ley de Amnistía, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
