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El Ayuntamiento evita que 438 familias afectadas por un desahucio se queden sin vivienda
La Oficina Social de la Vivienda da respuesta a todos las familias afectadas por un desahucio y consigue frentar el alzamiento de vivienda por impago de hipoteca en el cien por cien de los casos
La Oficina Social de la Vivienda del Ayuntamiento de Granada ha conseguido que las 438 familias que a lo largo de 2017 han requerido su intervención ante el riesgo de sufrir el desalojo de su vivienda obtengan una residencia habitual.
La concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad en el Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, ha presentado hoy el balance de la gestión de este servicio municipal que atendió el pasado año a 438 familias, un 26 por ciento menos que en 2016, una “leve reducción” producida, según ha anunciado, por la entrada en vigor de la Ley Hipotecaría de 2017.
Del total de casos atendidos, el 25 por ciento corresponde a procedimientos de desahucios por ejecución hipotecaria, muy por debajo del 45 por ciento que se registró en 2016, si bien el Ayuntamiento de Granada ha conseguido una solución a las 110 familias afectadas por esta situación, gracias, tal y como ha reconocido Sánchez Iborra, a la colaboración y gestión “impecable” de los profesionales municipales co los juzgados y las entidades bancarias.
La concejala ha puesto el acento en el incremento “importante” de familias amenazadas con un proceso de desahucio por impago del alquiler, concretamente suponen, con un 55 por ciento, más de la mitad de las personas afectadas por este problema Un 5 por ciento de los casos tratados ha sido por procedimientos penales abiertos por delito de usurpación; un 19 por ciento corresponde a grandes dificultades en el pago de la renta del alquiler o hipoteca, y un 1 por ciento pertenece a procedimientos de desahucios por finalización en precario.
Asimismo, el Ayuntamiento de Granada ha logrado, a través de la colaboración con organismos autónomos y provinciales como la Agencia de Rehabilitación de Viviendas de Granada (AVRA) y la empresa de vivienda de la Diputación Provincial de Granada , VISOGSA, facilitar a 20 familias el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler.
Concretamente, ha mencionado el acceso de 16 familias a una vivienda pública en régimen de alquiler gestionadas por AVRA y otras cuatro, gestionadas por VISOGSA. A su vez, a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, se han adjudicado 70 residencias protegidas a través de promotoras públicas.
Las actuaciones realizadas en materia de adjudicación de viviendas se completan con el alojo de 15 familias en situación de vulnerabilidad en 15 de las 18 viviendas de titularidad municipal, situadas en Santa Adela, y que son gestionadas por el área de Derechos Sociales. Tal y como ha anunciado, el resto de viviendas municipales se “van a destinar a un nuevo proyecto municipal de viviendas transitorias”.
Tras lamentar el alto índice de lanzamientos hipotecarios que aún se producen en Granada, la concejala ha agradecido el trabajo coordinado que se está produciendo entre las plataformas, como Stop Desahucios y Red Vivienda, y las administraciones públicas, una línea de trabajo que considera “necesaria para ayudar a “las personas que sufren estos procesos tan duros”.
Sánchez Iborra ha vuelto a solicitar a los afectados que “ante la más mínima alarma de impago de alquiler o hipoteca, se pongan en contacto con los Servicios Sociales municipales para que así podamos intervenir de forma preventiva”.